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“Lo que se ve en Comodoro Py últimamente es una cadena de favores, donde unos tapan los problemas de los otros”. Esa fue una de las definiciones que dejó la larga exposición del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la que no faltaron los chisporroteos con la oposición y las referencias al espionaje masivo durante el gobierno de Mauricio Macri. A Ramos Padilla lo convocaron porque él entendió que debían investigarse los chats que se filtraron entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el hombre de confianza del supremo Horacio Rosatti. Esa decisión de Ramos Padilla contrastó con lo resuelto por su colega de los tribunales de Comodoro Py Sebastián Ramos, que también se presentó en el Congreso mientras se conocían los mensajes que habría intercambiado con D’Alessandro en tono más que amistoso.

Los chats que se divulgaron a finales del año pasado vienen siendo el eje central de la discusión sobre el proceso de jury contra los cuatro supremos. Para el Frente de Todos, son la prueba de la connivencia entre los cortesanos –al menos, entre su presidente– y la oposición. Para Juntos por el Cambio, constituyen un elemento que no puede ser considerado porque está en tela de juicio su legalidad. Para sostener esa postura, la alianza opositora invoca un fallo que el 17 de enero pasado firmó el juez Sebastián Ramos en tiempo récord.