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La narrativa hegemónica sobre el atentado contra Cristina choca contra el sentido de la realidad. Chocó desde que vimos azorados los dos gatillazos, desde que vimos a Brenda Uliarte en Crónica jactándose de no “vivir de un plan”, y desde que nos enteramos que Caputo había pagado 13 millones de pesos por muebles a un odiador que resultó ser gastronómico. Después siguió chocando con todo lo asqueante que supimos de Milman, y estalló cuando Capuchetti actuó frente a sus dos asesoras más como una promotora de gentilezas que como una jueza.

Se borró el teléfono del autor de los gatillazos, se le dieron horas de margen a Brenda Uliarte para que escapara, a la vecina de doble apellido que iba a las marchas de las guillotinas ni se la molestó, faltaba más. Y así y todo, Capuchetti, que además es empleada de D'Alessandro, sigue inmóvil y obstinada en no buscar la verdad. En nuestra cara.

Si ese intento de asesinato queda impune como hasta ahora, lo que este Poder Judicial manda como mensaje es que siga el baile, tienen crédito, disparen, apunten, fuego. Se va a repetir. No necesariamente contra ella, el mensaje es que la violencia política tiene el guiño para renacer y hacer pedazos la vida en paz.

La narrativa hegemónica del atentado es parte de ese proyecto, por algo al día siguiente publicaban instrucciones para hacer salir las balas y no fallar. Tan bajo han caído estos farsantes que hay que refregarles obviedades en la cara a ellos y a los que les creen. Porque en este caso, más que en mucho otros, lo vimos todos.

La jueza Capuchetti no quiere investigar el rol de la Policía de la Ciudad en los días previos al atentado. Los abogados de la vicepresidenta lo han pedido reiteradamente, pero la causa se dirige bochornosamente a su fracaso.