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Jujuy deja al desnudo el modelo de transición energética del norte de Argentina: apropiación y destrucción de territorios, desposesión de poblaciones, neoextractivismo, deuda ecológica. Mientras el pueblo jujeño - como dice el músico Juan Falú - da lecciones de lucha y dignidad a todo el país, defendiendo la vida con la vida; el gobierno racista y nepotista de Gerardo Morales sigue jugando para intereses neocoloniales. 

La reforma constitucional aprobada a espaldas del pueblo y con una brutal represión cercena el derecho de protesta, restringe libertades, criminaliza a manifestantes y le da impunidad a aquellas empresas extranjeras que desalojan a las comunidades originarias para llevarse sus materias primas, subfacturando y dejando tierra arrasada.

En estos últimos meses, el tema litio estuvo en el centro de la escena desde distintas aristas, y todas están relacionadas. Por un lado, en abril, con la misma desvergüenza de Donald Trump, quien hace días habló de la oportunidad que perdió Estados Unidos de saquear el petróleo de una Venezuela a punto de colapsar al confesar que “todo ese petróleo hubiese sido nuestro”; la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson expuso sin filtros los intereses de la potencia del Norte en el petróleo, el agua dulce y el litio de Argentina. 

Litio en Argentina

De los treinta y ocho proyectos mineros de litio que tiene Argentina en diferentes estados de pre-producción, hay tres que producen y exportan carbonato de litio: el proyecto “Fénix”, en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, controlado por la estadounidense Livent Corporation; el proyecto “Sales de Jujuy”, en el Salar de Cauchari-Olaroz de esa provincia, operado por la australiana Allkem asociada con Toyota (Japón) y la estatal jujeña Jemse; y el proyecto “Salar de Cauchari-Olaroz”, controlado por Ganfeng Lithium (China), Lithium Americas (Canadá) y Jemse. La empresa público-privada Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) participa con el 8,5 por ciento en los proyectos de Jujuy.