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Como si en Jujuy no existieran suficientes problemas y conflictos pendientes de resolución, el gobernador Gerardo Morales parece decidido a acumular otros tantos: los necesarios para demostrar hasta dónde está dispuesto a tensar la cuerda con tal de dejar en claro que el poder le pertenece, especialmente el que le permite abrir nuevas grietas e infundir más temor del que ya generan todas las disposiciones reñidas con la legalidad. Un repertorio que va desde la autorización a la policía para que reprima disparando balas de goma en la cara de manifestantes, hasta el expreso pedido a sus legisladores provinciales de la creación de una comisión parlamentaria con el claro propósito de perseguir a sus opositores políticos.

La saga de amenazas y aprietes de Morales ahora toma nueva escala con un pendiente que el precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio tiene desde el año pasado, cuando ya había intimado a la Universidad de Buenos Aires a que le entregara a la provincia de Jujuy el manejo del Pucará de Tilcara, lugar de supernumerario valor tanto turístico como histórico que está bajo el cuidado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dentro de la cual se encuentra la carrera de Antropología que es, en efecto, la que opera en el sitio.

Ese embate se enhebra ahora además con una afirmación temeraria contra los trabajadores del Centro Universitario de Tilcara que funciona en la base del Pucará, a quienes no solo acusó de ser quienes “incentivan los cortes”, sino que también los amenazó: “Sabemos quiénes son, tenemos la identificación. Todos esos están cometiendo delitos, van a tener condena y van a tener problemas porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño”. Fue en una entrevista que le realizó el lunes pasado Guillermo Jenefes, ex vicegobernador jujeño en tiempos de la gestión de Eduardo Fellner. “Esto no va a quedar así. Vamos a terminar de restablecer el orden en Jujuy”, redobló Morales, evidentemente dispuesto a mucho más de lo que cualquiera pueda imaginar.

No conforme con esa provocación al ámbito académico, dos días después la policía provincial que responde a su mando ingresó de manera ilegítima al predio residencial de la Universidad Nacional de Jujuy que funciona en la avenida Bolivia del barrio Los Huaicos, hacia oeste de la ciudad de San Salvador. Los efectivos hicieron su intromisión mientras se desarrollaba una sesión ordinaria del Consejo Superior (órgano máximo de gobierno de la UNJu) con la participación de representantes de organizaciones estudiantiles y del sindicato docente ADIUNJu.

Si Morales buscaba con todo esto provocar a los distintos actores de la docencia universitaria, lo logró de inmediato: casi al instante la propia UNJU emitió un comunicado de repudio. El daño colateral para el gobernador es que el texto además enumera una serie de ilegalidades del procedimiento policial que van desde reglamentaciones educativas hasta la propia Carta Magna: “Estas acciones violentan la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra vulnerando el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, y el articulo 31 de la Ley de Educación Superior que dice que la fuerza publica no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universidad legítimamente constituida”.