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Mientras se espera que la justicia llame a indagatoria a los integrantes de las organizaciones sociales luego de los 27 allanamientos del lunes, el gobierno nacional volvió a cargar contra los piqueteros y los acusó de haber montado “un sistema de esclavitud moderna”.

Así lo sostuvo el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al hablar en el Senado. Durante la jornada, las abogadas de los acusados tuvieron acceso al expediente.

La causa judicial puede convertirse en un antecedente importante, porque el fiscal describe como delitos prácticas como tomar asistencia en las manifestaciones y cobrar una cuota sindical, métodos con los que no todas organizaciones sociales acuerdan y que son muy sensibles para la opinión pública.

De hecho, algunos referentes de los movimientos hablaron sobre lo que se pone en debate.

El expediente, cuya investigación tiene a cargo el fiscal Gerardo Pollicita, avanzó en un contexto político que es claro: el gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de la de Capital Humano, Sandra Pettovello, buscan desarmar a las organizaciones sociales.

No se trata sólo de una causa judicial, sino de una serie de golpes: la decisión de no enviarles alimentos a los comedores de los movimientos, así como la de ir podando el Programa Potenciar, se mantiene firme desde hace cinco meses y afecta a la organización y los espacios comunitarios de los barrios.

El Protocolo antiprotestas es otro disuasivo fuerte, que viene haciendo uso de la violencia.