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El fallo de la jueza María Servini que dicta la falta de mérito de 28 de las 33 personas detenidas en la movilización contra la Ley Bases parece el manual de cómo se arman sin pruebas --ella reconoce que no las tiene-- los expedientes judiciales contra manifestantes o gente que circulaba por la zona, en este caso del Congreso.

 El punto de partida (y en la mayoría de los casos el de llegada) son las declaraciones y actas de los policías, que repiten siempre lo mismo: "tiró piedras", "le pegó a un agente", entre tantas otras fórmulas.

El asunto no son solo esas muletillas sino que para colmo cuando tienen que declarar los uniformados dicen otra cosa, o matizan, o directamente no hablan. No hay imágenes para acusar y pocos elementos incautados. 

Lo que sea, fue suficiente para que un fiscal --aquí Carlos Stornelli-- acuse a quienes fueron capturados/as de golpistas y terroristas, en línea con el discurso gubernamental, y terminaran en prisión, incluso en cárceles federales. En el caso de los cinco imputados que siguen detenidos no hay fundamentos a la vista sobre el supuesto peligro de fuga o entorpecimiento. Les ponen la figura de "intimidación pública", para alegar que la pena en expectativa es alta, una vieja teoría que impone una suerte de pena anticipada.