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La nueva ola de despidos de trabajadores del Estado superó los 2500 casos y hubo protestas en la puerta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en la ex Esma, Desarrollo Social, Capital Humano y el Hospital Posadas. En respuesta a uno de estos reclamos para que se abra una mesa de negociaciones, realizado en la puerta del Inti, el gobierno aplicó el Protocolo antiprotestas y despejó la calle con palos y gases lacrimógenos. La policía de la Ciudad se llevó detenidos, además, a dos integrantes de ATE y la CTA Autónoma.

Para concretar esta nueva tanda de despidos —ya hubo otras en diciembre y en marzo—, el Gobierno no renovó los contratos con los que miles de estatales permanecen en una situación de precariedad laboral desde hace décadas. Algunos de los despedidos —por ejemplo, en el exministerio de Desarrollo Social, reducido a una secretaría dentro de Capital Humano—, tenían hasta 17 años de antigüedad. Sin embargo, como su forma de contratación es anual —y desde que asumió el gobierno libertario sus contratos fueron extendidos con prórrogas sólo trimestrales—, las desvinculaciones se realizan con una notificación por mail y sin el pago de una indemnización que permita a los despedidos contar con un resto económico mientras buscan otro trabajo.