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Desde hace aproximadamente tres décadas uno de los principales problemas que agobia a Argentina es la pobreza. Tras alcanzar un máximo del 66 por ciento de la población en octubre de 2002, y luego haber bajado a casi la mitad, en los últimos diez años no se pudo mantener esa tendencia. Al contrario, el camino se ha revertido y viene creciendo continuamente hasta llegar en la actualidad a superar el 50 por ciento y en ascenso, de acuerdo a la estimación privada del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (los números oficiales del INDEC correspondientes al primer trimestre se conocerá el 26 de septiembre próximo).

Gran parte de la población y de la clase política coinciden en la necesidad imperiosa de enfrentar este grave problema, pero la solución no se vislumbra, sobre todo porque no se ha podido gestar una solución estructural al problema, elaborar una matriz socio-productiva que matice las deficiencias que se presentan.

Si bien resulta obvio que un tema como este no aparezca en la agenda del gobierno del actual presidente de Argentina Javier Milei, buena parte del resto de las fuerzas políticas (e incluso en el resto del mundo) sabe que el Salario Básico Universal puede ser una de las alternativas para resolver el tema o, al menos, mitigarlo. Ahora bien: ¿Cuáles son las posibilidades de implementarlo en la Argentina actual?