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Finalmente, el Gobierno ejecutó la amenaza: publicó el Decreto 70/2025, reformó la estructura del Ministerio de Economía y, en un solo movimiento, borró del mapa organizacional a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, y a decenas de subsecretarías, direcciones y programas descentralizados. Es el punto final de un proceso de desmantelamiento por goteo que se hizo durante todo el 2024 y que tuvo como uno de los hechos más relevantes la eliminación del fondo fiduciario del Procrear, que se hizo en noviembre y que paralizó las obras en las que el Estado Nacional había invertido cerca de 3 mil millones de dólares y sobre las que el Gobierno no presentó plan alguno (ni siquiera para venderlas). Para Javier Milei y su equipo desregulador, "la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado". Bajo esa premisa, en un año paralizaron 103.367 obras, interrumpieron más de 1800 convenios y dejaron 15.000 casas terminadas sin entregar. Mientras tanto, hay 500 trabajadores y trabajadoras que están en un limbo, desconocen si serán absorbidos por otras dependencias o si quedarán en la calle cuando se les venza el 

contrato. Los gremios trabajan en una cautelar que presentarán en estas horas y en la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria presentará un proyecto de resolución en rechazo al cierre.