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El Ejecutivo busca impedir que lleguen a medios internacionales imágenes de la expresidenta rodeada por cientos de miles de personas. La presión al Poder Judicial, en público y en privado.

De forma pública y en diálogos reservados, la Casa Rosada trata de desmontar lo que se prevé como una de las más gigantescas movilizaciones de los últimos años, esta vez acompañando a Cristina Kirchner a Comodoro Py. Para el gobierno libertario la imagen de la multitud en los diarios, los noticieros y los medios del mundo entero será un durísimo impacto.

La sola idea de que se concrete ya es una pesadilla. Les resultará muy difícil explicar cómo es que esa multitud descree del Poder Judicial y respalda a una expresidenta condenada. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue explícito: “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por zoom”. Pero, además, la versión es que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, estaría negociando con los jueces del Tribunal Oral número 2 (TOF 2) para que le otorguen la prisión domiciliaria a CFK en el transcurso del martes y, de esa manera, suponen, se desarmará la marcha del miércoles.

Cerca de Amerio desmienten el rumor y aseguran que si la movilización se concreta “no pasa nada”. Al menos por ahora, los magistrados afirman que no tomarán una decisión sobre la modalidad para el cumplimiento de la pena hasta que los fiscales se pronuncien, algo que debería ocurrir en las próximas horas. Además, sostienen que sostienen el criterio ya planteado cuando se estableció el plazo de cinco días hábiles, que es que Cristina vaya a Comodoro Py a entregarse.

Lo concreto es que la marcha está reafirmada: la marea humana parte a las 10 del domicilio de CFK e irá hasta el edificio de Retiro. En el sistema penitenciario argentino no se registra ninguna mujer mayor de 70 años detenida en cárcel común: sólo había una, pero porque no tenía domicilio. A las demás se les concedió la prisión domiciliaria.