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La estrategia de los fondos buitres es conocida: presionar y presionar hasta obtener algo, sin importar las consecuencias que esa dinámica implique para un país. Se especula con que luego de la sentencia contra YPF, estos capitales especulativos esperan negociaciones con el Gobierno para llegar a un acuerdo y dar por acabado el litigio. La jueza de la causa, Loretta Preska, que no tiene jurisdicción para actuar en el caso, llegó a plantear entre los fundamentos de las resolución que Argentina debía cambiar las leyes. Este martes, el Ejecutivo pidió a la Justicia de Estados Unidos suspender el fallo por las acciones de la petrolera estatal, siguiendo la línea jurídica histórica de todas las gestiones que lo precedieron. No obstante, las posturas de Javier Milei acusando al actual gobernador y entonces ministro, Axel Kicillof, de ser responsable de un mal manejo de la expropiación, según los especialistas podría jugar en contra del país.

El bufete inglés Burford Capital y, luego, el estadounidense Eton Park llevado de la mano por el primero compraron el derecho a litigar contra Argentina en el caso YPF, por un monto muy inferior a las ganancias que obtuvieron posteriormente. Se trata de un negocio redondo que encontró en la jueza de Nueva York, Loretta Preska, una aliada para obtener sentencias favorables y lograr su cometido: "caranchear" sobre la economía argentina. 

Distintas voces que representan a sectores políticos y económicos con miradas muy diferentes en el país e incluso el directorio de la petrolera estatal defendieron la posición en defensa de la soberanía nacional, luego de conocido el fallo.

Nueve años más tarde de la expropiación de YPF, en septiembre de 2023, la corte segundo distrito de Nueva York condenó en primera instancia a pagar 16.100 millones de dólares al país fundamentado que el proceso expropiatorio habría sido incorrecto. Este lunes, el mismo tribunal dictó dos sentencias que ordenan transferir el 51 por ciento de las acciones Clase D a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM). La sentencia se posiciona por encima de la constitución argentina, haciendo lugar a uno de los recursos utilizados por los buitres: una suerte de justicia global para los capitales especulativos impartida por encima de los Estados soberanos.