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El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre "definitivo" de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. La medida se dio a conocer en la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso mediante la Ley Bases. La medida redundará en el abandono de funciones esenciales por parte del Estado, la concesión a privados de 9120 kilómetros de rutas -muchas de ellas pasarán a tener peaje o multiplicarán las estaciones existentes- y el despido de entre 2500 y 3000 trabajadores, sobre un plantel de 5500.

Según expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión será publicada en el Boletín Oficial de este martes y dispondrá la eliminación del organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones serán traspasadas al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

La Dirección Nacional de Vialidad es el organismo que se ocupa del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con 5500 trabajadores en todo el país. Su desguace fue justificado por el vocero presidencial, que afirmó que "la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”. 

El secretario de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, puso el ejemplo de la ruta que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca. De acuerdo al proyecto de concesión, de las actuales 4 puntos donde se cobra peaje se pasará a 8. "Lo mismo ocurrirá en muchos otros corredores", denunció.

Adorni confirmó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, y que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”. Gobernadores e intendentes de la mayoría de las provincias, en cambio, denuncian que desde que gobierna La Liberta Avanza hubo un abandono de las tareas de mantenimiento y extensión de rutas nacionales.

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Milei y al ministro Sturzenegger del impacto de la medida anunciada que generará “rutas nacionales de la muerte”.