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En medio de una crisis climática global y mientras los incendios devastadores arrasan las localidades de El Hoyo y Epuyén, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la región.

La iniciativa, que alcanza a Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, aparece como un paliativo urgente pero insuficiente frente a un combo letal que se repite: el negacionismo climático del Gobierno, la subejecución sistemática del presupuesto y los intereses inmobiliarios que avanzan detrás de la tierra arrasada.

En la Cámara alta, el senador Martín Soria también impulsa la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional en esas cuatro provincias. Según denunció la oposición, durante los dos años de gobierno de Javier Milei se desfinanció de manera sistemática el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 se ejecutó, en términos reales, 81% menos que en 2023; en 2025, 70,8% menos; y el Presupuesto 2026 consolidará —si se ejecuta en su totalidad— un recorte real del 70,7% respecto de 2023. El corolario es la intención oficial de derogar la Ley de Manejo del Fuego, modificada en 2020, que prohíbe la modificación del uso del suelo en tierras incendiadas para desalentar incendios intencionales y proteger los ecosistemas, evitando que el fuego se convierta en una herramienta para la especulación inmobiliaria y productiva.

“Necesitamos que el Gobierno nacional disponga recursos de asistencia, alivio fiscal y apoyo a la producción y el turismo para las zonas afectadas”, advierte la diputada de Fuerza Patria por Río Negro Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El proyecto impulsado por el bloque establece en su artículo primero la declaración del Estado de Emergencia Ígnea y Ambiental por el término de ciento ochenta (180) días corridos en todo el territorio de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, provincias afectadas por incendios forestales de magnitud extraordinaria. Además, le exige al Poder Ejecutivo la asignación de fondos específicos para solventar medidas de asistencia sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a los habitantes damnificados. “Estos incendios ocurren en pleno pico de la temporada de verano y afectan gravemente el sustento de cientos de familias”, explican desde ese espacio. Por eso, la iniciativa no apunta solo a mitigar la emergencia ambiental, sino también a garantizar la supervivencia económica mediante la duplicación de asignaciones sociales de ANSES, alivio fiscal ante la ARCA y líneas de crédito blando para los sectores productivos y turísticos.