La discusión por la reforma laboral entra en su recta final y el peronismo en el Senado, junto a la CGT, pasó a una fase realista, marcada por el ajuste de expectativas. El objetivo central ya no es reunir los votos para rechazar la ley, sino frenar su tratamiento y evitar que el oficialismo sancione una reforma que legalizará uno de los mayores retrocesos en materia de derechos desde el regreso de la democracia. De vuelta de sus vacaciones, Patricia Bullrich se instalará desde el lunes en su despacho del Senado para intensificar las negociaciones con los aún no definidos.

Durante las primeras semanas de enero, el ministro de Interior, Diego Santilli, logró cosechar alrededor de cuatro apoyos públicos de gobernadores. Sin embargo, todos —incluso los más alineados con la Casa Rosada— pidieron ser compensados por el impacto que tendrá en las provincias la baja del impuesto a las ganancias para empresarios y la consiguiente pérdida de recursos coparticipables.

Pragmatismo. El cierre de la semana dejó a la central obrera y a la oposición en el Senado con una certeza: la reforma laboral libertaria tiene apoyos. El oficialismo logró instalar la idea de que una modernización del mundo del trabajo era necesaria aunque la letra del proyecto permita jornadas de hasta 12 horas, un retroceso normativo que ubicará temporalmente a la Argentina incluso antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica. La estrategia opositora no garantiza una victoria épica sino la administración de lo posible en terreno adverso.