Aunque el Gobierno lo niega, el proyecto de reforma laboral tiene un impacto fiscal alto que termina por vaciar los recursos públicos. Según estimaciones del sindicato de trabajadores del ARCA, en 2026 el costo alcanzaría el equivalente al 1,278 por ciento del PBI. En términos comparativos, esa cifra equivale a seis Leyes de Financiamiento Universitario, una iniciativa que el presidente Javier Milei vetó por considerar que amenazaba el equilibrio de las cuentas públicas.

La reducción de las contribuciones patronales, la creación de un fondo de cese laboral y los recortes impositivos previstos en el texto implican una resignación de ingresos no sólo para el Estado nacional, sino también para las provincias, dado que varios de los tributos son coparticipables.

El Congreso tratará la reforma laboral en febrero, para las sesiones extraordinarias. Prometen un debate intenso que la CGT ya sigue de cerca, no sin antes manifestar su rechazo a las modificaciones que propone Milei.

El tratamiento comenzará en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a obtener media sanción hacia mediados de mes.

La discusión luego se trasladará al Senado, un terreno más adverso para el Gobierno por el peso de los gobernadores peronistas y de las organizaciones sindicales. Allí se anticipa una pulseada más dura y posibles modificaciones hacia el cierre del mes en tratamiento.