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Los sumarios abiertos contra trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan que protagonizaron protestas y la amenaza del Gobierno con el desafuero de representantes gremiales para despedirlos (cuando la investigación recién empezaba), fueron evaluados por el juez laboral Herman Mendel como un “obstáculo” para la libertad sindical y un “antecedente claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores”. Al conceder una medida cautelar a pedido de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la institución, el magistrado ordenó suspender el trámite de esas actuaciones administrativas y dijo que las asumirá el propio juzgado. Sostuvo que se puede presumir la existencia de “persecución y hostigamiento”.

Qué pasó

A fin de octubre pasado empleados/as del hospital de pediatría pidieron reunirse con el interventor Mariano Pirozzo a raíz de que se habían aplicado descuentos muy significativos por días de paro. Había mujeres, por ejemplo, con sueldos de 1 millón de pesos, a quienes se les había quitado la mitad. “La situación era muy crítica y nunca habíamos tenido ni una mesa de diálogo. No nos co

testaban ni la dirección ni el consejo y por eso ese día nos plantamos ahí pidiendo que viniera alguna autoridad. Fue una protesta pacífica, reclamábamos la devolución del dinero. La respuesta fueron los sumarios”, repasa Norma Lazana, nutricionista y secretaria general de APyT.

A raíz de la apertura de 40 sumarios, doce de los cuales apuntaban a cesantías de delegados y trabajadores sindicalizados, APyT presentó un amparo y pidió una medida cautelar en representación de estos últimos para suspender esas actuaciones. Luego ampliaron su denuncia a raíz de que un informe preliminar de la abogada sumariante Fernanda Marino –que integra el equipo legal del hospital--, evidentemente llegó altos funcionarios del Gobierno nacional en pleno trámite. El reporte recomendaba la dirección la suspensión de 29 trabajadores y la cesantía del resto.