El Gobierno se anotó su segunda nueva victoria legislativa del año. Con el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados, le dio media sanción a la reforma del régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años. La polémica llegó sobre el final, en el punto del financiamiento del nuevo sistema que pretenden. No quedó establecido el compromiso explícito de aportar a las provincias para costearlo.

Con el apoyo de los bloques aliados obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos. El texto del Ejecutivo fue reescrito para conseguir los votos necesarios; no proponía la baja a los 14 sino a los 13 años, y la pena máxima indicaba 20 años y no 15, como terminó siendo.

Los que acompañaron a los (95) diputados del interbloque Fuerza del Cambio fueron: el PRO (11), la UCR (6), el MID (2), Encuentro Federal (solo Pichetto, ya que Massot se ausentó de la votación), Producción Y Trabajo (2), País Federal (2), Coalición Cívica (1). La Neuquinidad (1) e Innovación Federal (7) compuesto por diputados de Salta y Misiones. La diputada Karina Banfi y el santacruceño, José Luis Garrido, fueron otros de los legisladores que levantaron la mano en 

favor del proyecto. El bloque Provincias Unidas (17) voto de manera uniforme y a favor de la iniciativa del Gobierno.

El massismo sumó un diputado para el quórum, votó en contra de la iniciativa, pero parte de sus miembros (Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Diego Giuliano, Marina Salzmnn y Guillermo Michel) votaron a favor del capítulo uno que planteaba el espíritu de la norma, la baja de la edad de responsabilidad penal.

El bloque de Unión por la Patria (91), y el Frente de Izquierda (4) y Elijo Catamarca (3) se sumaron a quienes decidieron rechazar la norma. De la misma forma lo hicieron la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández.

La miembro informante del oficialismo, Laura Ródriguez Machado, fue la encargada de defender el dictamen del oficialismo al considerarlo como “un gran paso para Argentina” y remarcó que “la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas”.